EL ROL DEL ESTADO EN EL SIGLO XXI, por Jorge Horacio Gentile

Artículo de Jorge Horacio Gentile

En 1648 se firmó el Tratado de Westfalia, que hizo posible la “Paz de Westfalia” y puso fin a la “Guerra de los Treinta Años”. Con este pacto aparecen los Estados modernos. El Tratado consagra el principio del equilibrio, ratificado en Utrecht en 1713, que implica que ningún Estado debe ser tan poderoso que esté en condiciones – solo o en alianzas – de imponer su voluntad a los demás. Se sustituía, de esta manera, la idea comunitario-religiosa imperante en el Medioevo por una noción moderna del Estado Nación con todas sus implicancias de respeto a las soberanías territoriales. El nacimiento del Estado Nación marcó, por esta razón, un punto culminante en la historia de las relaciones internacionales en Occidente.

La organización interestatal ensayada con la Sociedad de Naciones, que se inauguró en 1920, y concretada en 1945 con la Organización de las Naciones Unidas; la caída del Muro de Berlín en 1989 y el fin de la “guerra fría”, son hitos importantes en el camino por intentar armonizar las necesidades de cooperación de los distintos pueblos, frente a las limitaciones y debilidades de los estados nacionales para obtener el bien común de las sociedades políticas a las que sirven.

Estos esfuerzos de cooperación entre los Estados a nivel internacional se han visto completados por organizaciones regionales, como la Organización de Estados Americanos y últimamente el Unasur; tratados de integración, como los de la Unión Europea y elMERCOSUR; y distintos foros, cumbres o encuentros políticos, como por ejemplo los de los Grupos de los 7, de los 20 o de los 77 más China, o especializados en temas específicos como Davos (economía), para poner solo algunos ejemplos.

Los ocho objetivos de Desarrollo del Milenio fijados en septiembre del año 2000 por 189 jefes de Estado y Gobiernos en Nueva York en lo que se llamó la Cumbre del Milenio, evaluados hace unos días por la Asamblea de la ONU, muestran, por un lado, las debilidades de los Estados para resolver los graves problemas que aquejan a las sociedades políticas a las que se deben y, por otro, la imperiosa necesidad de una mayor cooperación entre ellos y los distintos órganos y organizaciones internacionales.

Estos ocho objetivos, de los cuales los siete primeros tienen fijado plazos de ejecución, son:

Erradicar la extrema pobreza y el hambre;
Lograr la enseñanza primaria universal;
Promover la igualdad de géneros y la autonomía de la mujer;
Reducir la mortalidad de los niños;
Mejorar la salud materna;
Combatir el VIH/ Sida, la malaria, el paludismo y otras enfermedades;
Garantizar el sustento del medio ambiente;
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Estos propósitos y otros de parecido tenor, nos muestran la necesidad de avanzar en la concreción de una sociedad política mundial en la que se establezca una autoridad mundial que sea un instrumento para que la humanidad pueda gestionar un bien común universal, como alguna vez pensó Jacques Maritain que era posible.[1]

Sociedad política, Estado y Bien Común

En dicha obra, Maritain marcó la diferencia que había y hay entre la sociedad política y el estado, en una época en que las doctrinas totalitarias pretendían identificarlos en desmedro de los derechos humanos y del rol que le cabe en su existencia y sociabilidad a la persona humana. Recordemos, con el filósofo, que Benito Mussolini, líder del fascismo, proclamaba: «Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado».

La sociedad o el cuerpo político es, para el pensador francés: «(…) impuesta por naturaleza y lograda por razón, es la más perfecta de las sociedades temporales. Es una realidad humana concreta y total que tiende a un bien humano concreto y total: el bien común. (…) La Justicia es una condición primordial para la existencia del cuerpo político, pero la Amistad es su expresión vital. La Amistad tiende hacia una comunión realmente humana y libremente obtenida» [2].

El Estado, en cambio, es: “(…) es sólo aquella parte del cuerpo político especialmente interesada en el mantenimiento de la ley, el fomento del bienestar común y del orden público, así como la administración de los asuntos públicos. El estado se especializa en los intereses del todo. No es un hombre ni un conjunto de hombres; es un haz de instituciones combinadas que forman una máquina situada en la cima: este tipo de obra de arte ha sido construida por el hombre y utilizada cerebros y energías humanas y no es sino hombre, pero constituye una encarnación suprema de la razón, una superestructura impersonal y perviviente (…).» Agrega a ello que «(…) el estado no es sino un organismo facultado para utilizar el poder y la coerción, integrado por expertos o especialistas en ordenamiento y bienestar públicos, un instrumento al servicio del hombre. Poner el hombre al servicio de ese instrumento es perversión política. El ser humano como individuo es para el cuerpo político, y el cuerpo político es para el ser humano como persona. Pero en modo alguno el hombre es para el estado, sino el estado para el hombre» [3].

La sociedad es un medio para la persona y su fin es el bien común, que es como bien decía Maritain: “la buena vida humana de la multitud”,[4] quien además nos recuerda que “(…) si la persona pide de por sí `formar parte´ de la sociedad, o `ser miembro´ de la sociedad, esto no significa que ella pida estar en la sociedad como una parte (…). Ella exige “por el contrario (…) ser tratada en la sociedad como un todo” [5].

Transición hacia la sociedad política y el estado mundial

El mundo se debate hoy en el dilema de cómo superar los límites que las demandas de la globalización le imponen a la sociedades políticas nacionales -que han dejado de ser perfectas o autosuficientes-, y la debilidades que sus respectivos Estados muestran para gestionar el bien común de los pueblos a los que sirven. Ello, en la espera de que se constituya una sociedad política mundial, fundada en “la libertad, la razón y las virtudes humanas”, con un Estado, también mundial, que disponga de los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales necesarios para gobernarlo, que sirva para gestionar el bien común universal, y que garantice los derechos de los hombres y de los pueblos declarados en una Constitución que rija a toda la humanidad[6].

Fortalezas del estado

La mayoría de las Naciones latinoamericanas y del mundo en general, han iniciado este nuevo milenio mostrando significativos progresos en la organización y gestión de sus gobiernos y administraciones de sus Estados. Los más significativos son los que se detallan a continuación:

Se ha progresado en la democratización de los gobiernos y en la adopción del sistema político de la Democracia Constitucional, respetando el régimen representativo, pluralista y republicano de gobierno.
Se han reducido al mínimo los países que persisten en mantener regímenes totalitarios o dictaduras como formas de gobierno (caso de Cuba, China, Corea del Norte, Vietnam, Irán, etcétera).
Los intentos de golpes de estado han tenido un amplio repudio de la comunidad internacional, como es el caso de los recientes ocurridos en Honduras (2009) y Ecuador (2010), lo que ameritaría ampliar la Carta Democrática Interamericana (OEA Lima 11/IX/2001). Las crisis políticas internas, como las que se produjeron en Argentina de los años 1989 y 2001, se han resuelto afortunadamente sin la intervención de las Fuerzas Armadas y dentro de los procedimientos constitucionales.
Se ha progresado, también, en un más amplio reconocimiento de los derechos humanos y las distintas legislaciones internas e internacionales han establecido mejores garantías para su ejercicio y protección.
Cada vez hay más países y tribunales internacionales que juzgan y castigan a quienes atentaron o cometieron delitos de lesa humanidad y cometieron graves atentados contra los derechos humanos.
El abandono de la violencia política ha racionalizado y humanizado la disputa por el poder y ha mejorado significativamente las reglas de juego que regulan la competencia y el conflicto político.
La ingerencia de las fuerzas armadas en la política y en los gobiernos ha disminuido considerablemente y los gobiernos militares son muy pocos y están muy desprestigiados.
Se ha difundido y extendido la educación en la población y cada vez hay más personas que acceden a los distintos niveles en que se ella se desarrolla.
La mujer ha hecho valer sus derechos y su participación y su rol en la vida política y social se ha acrecentado.
Los tratados internacionales de derechos humanos y las Cortes y organismos internacionales que ejercen su tutela cada vez tienen mayor significación.
Se han declarado y tutelado mejor a los derechos sociales.
Los llamados derechos de la “tercera generación”, como los que protegen al ambiente, a los consumidores, a los usuarios de servicios públicos, a la información y a la comunicación a través de nuevos recursos, medios y redes, han cobrado mayor importancia, lo que ha obligado a los Estados a crear tutelas, marcos regulatorios y organismos dedicados a garantizarlos.
Se ha criminalizado las discriminaciones, y reconocido y garantizado mejor los derechos de las minorías, y se han establecido acciones positivas para hacer efectivo el ejercicio de estos derechos.
Se ha progresado en el diálogo ecuménico e interreligioso, lo que ha permitido un mejor ejercicio de la libertad religiosa.
Se ha progresado significativamente en lo que respecta al crecimiento de la economía, en la producción de bienes y servicios, y en la intensidad de su intercambio entre las naciones.
Las nuevas tecnologías electrónicas y las que se emplean en los medios de comunicación han permitido mejorar significativamente la eficacia de los gobiernos y las administraciones estatales, y han acortado las distancia entre las personas.
Se ha progresado, aunque no todo lo que sería deseable, en los procesos de integración entre las naciones; los ejemplos de la Unión Europea y el Mercosur son destacables.
La multilateralidad ha recobrado importancia frente a la práctica de decisiones unilaterales empleadas de los gobiernos de las grandes potencias, y el peso de las potencias emergentes se ha comenzado ha hacer sentir en los Foros internacionales.

La democracia autoritaria

Junto con algunos pocos estados totalitarios o autocráticos que todavía se mantienen siguiendo los modelos del siglo XX (como Cuba en Latinoamérica), o que han mutado en su estructuración y funcionamiento, como China, donde el Estado comunista se ha combinado con el capitalismo salvaje, han aparecido gobierno elegidos por el pueblo, que se proclaman defensores de la Democracia Constitucional, pero que, en la práctica, ejercen el poder en forma autoritaria. Jorge Vanossi[7] – citando a Francis Fukuyama en comentario a Samuel Huntington y a Ennio Coretto[8] – llama “democracias autoritarias”, como es el caso en Latinoamérica de los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua, y que encuentran admiradores e imitadores en gobiernos, partidos o políticos de otros países, como se da en el gobierno argentino, o movimientos como “Juntos Podemos Más” de Chile, o políticos como Manuel Zelaya de Honduras u Ollanta Humala en Perú. La particularidad que caracteriza a estos gobiernos es que se someten periódicamente a elecciones, y en algunos casos, como acaba de ocurrir en Venezuela, el resultado electoral no les es del todo favorable.

Los rasgos más notables de este populismo neoautoritario son los siguientes:

Sus gobiernos tienden a concentrar el poder político, financiero y comunicacional en la persona de su líder, quien pretende perpetuarse en el poder. Por ello una de las principales reformas constitucionales que procuran es que sea posible la reelección presidencial indefinida.
Otras veces la concentración y continuidad en el ejercicio del poder se produce mediante una diarquía, como es el caso de Rusia con el primer ministro Vladimir Putin, y el presidente Dmitry Medvédev; o en Argentina con los esposos Néstor y Cristina Fernández de Kirchner.
Estos gobiernos tratan de dividir a la sociedad en dos fracciones irreconciliables – gobierno y oposición – y acentuar las diferencias políticas, sociales, regionales y étnicas, tensando al máximo la dialéctica amigo – enemigo, que caracteriza a la disputa política. La crispación, la descalificación y persecución de los adversarios, considerados enemigos, y la negativa a negociar políticamente como estilo político, se impone sobre la búsqueda de consensos, la elaboración de políticas de Estado, la creación de un clima fraternal y de amistad cívica, necesarios para alcanzar el bien común.
La defensa de los derechos humanos es una bandera importante de estos gobiernos y de las organizaciones que los apoyan, pero dicha defensa depende de quién sea el que atente contra ellos. La negativa a defender a los opositores presos por el régimen castrista de Cuba y la no concesión de la extradición por parte del gobierno argentino, ante un pedido del Chile, de Sergio Galvarino Apablaza Guerra, líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, supuesto autor del asesinato del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards, hechos ocurridos en Chile en 1991 durante el gobierno democrático del presidente Patricio Aylwin y, además, concederle el status de refugiado político, son ejemplos de ello.
En estos países el poder político se ha centralizado en el Poder Ejecutivo, en desmedro de los poderes Legislativo y Judicial y de los demás órganos de control, de los gobiernos de los estados o provincias federadas, de los departamentos, regiones, alcaldías y municipios.
En algunos casos, como en Venezuela, la participación, influencia y la disciplina de las Fuerzas Armadas es decisiva en la estructura de poder del gobierno y en la fracción política que lo respalda.
Salvo el partido oficial que está estructurado verticalmente, en este modelo el resto de los partidos, están generalmente fraccionados, sus idearios políticos diluidos u olvidados, lo que los ha debilitado como alternativas de poder, como gestores de propuestas y plataformas electorales, en su capacidad para promover nuevos liderazgos, hacer educación política, y continuar siendo canales para una mejor representación ciudadana.
Hay fundadas sospechas de que se mantienen buenas relaciones con grupos narco – guerrilleros, como la FARC o el Ejército de Liberación Nacional, según las denuncias del gobierno de Colombia.
La Administración Pública, las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia, el servicio exterior, los medios de comunicación estatales, los institutos de estadísticas, las empresas públicas y los organismos financieros del Estado, han sido puesto bajo el control de estos gobiernos, y los recursos fiscales del Estado se manejan a discreción. Las autonomías de los estados, provincias, departamentos, alcaldías o municipios, en los sistemas estatales federales o descentralizados no han sido respetados o directamente han sido desconocidas.
Losrecursos financieros del Estado se malversan a favor de quienes apoyan al gobierno, y se concentran en una gran caja que maneja discrecionalmente el gobierno, en desmedro de otros poderes u órganos del mismo, o de los estados, provincias, departamentos, municipios o alcaldías.
Lapolítica de subsidios, planes sociales y reivindicación de intereses de los sectores socialmente menos favorecidos de la población les sirve para mantener la adhesión de ellos y ponerlos en pugna con el resto de la sociedad, sin que estas ayudas les permita superar su situación de desempleo, pobreza o indigencia.
Una importante red deorganizaciones no gubernamentales (ONGs), financiadas con recursos fiscales junto a organizaciones sindicales, de “derechos humanos” y fracciones políticas afines, como los piqueteros, barras bravas y punteros, ejercen el clientelismo político en apoyo al gobierno y a sus políticas, y dominan la calle con manifestaciones, marchas, actos públicos, protestas, cortes de rutas o calles, toma de colegios o facultades de las universidades, practican escraches y denostan a los opositores y a los que han sido declarados enemigos de la facción gubernamental.
Estos gobiernos manipulan los medios de comunicación masiva, estatizándolos, poniéndolos bajo la dirección de sus partidarios, o favoreciéndolos o no, según su fidelidad al régimen, con la asignación de recursos del Estado destinados a la publicidad oficial.
Tratan de influir políticamente sobre los niños y jóvenes a través delsistema educativo de gestión estatal y por los medios de comunicación.
Lacorrupción, el favoritismo en lo que se ha dado en llamar el “capitalismo de amigos”, y el manejo discrecional de recursos del Estado a través de “superpoderes” delegados por los parlamentos o invocando estados de excepción o de emergencia, han permitido crear un sistema de financiamiento de la política y de sus beneficiarios. Se han estatizado y presionado a empresas de capitales privados que no les responden políticamente.
Las relaciones con lajerarquía de la Iglesia y de los demás cultos es generalmente conflictiva.
En materia depolítica internacional se pretende influir en la de los países vecinos con el propósito de imponer sus políticas autoritarias; los casos de Venezuela y Ecuador con Colombia es un ejemplo de ello. Se cultivan buenas relaciones con países donde no se respetan los derechos humanos y no tienen regímenes democráticos, como es el caso de Irán y Cuba.

Las debilidades de los estados

Los Estados del siglo XXI, incluso los que no están influidos por el modelo autoritario descripto anteriormente, muestran algunas falencias y debilidades que es necesario superar mediante una mejor organización y con la cooperación internacional con el propósito de que cumplan con el rol institucional que les corresponde. Las casos más notables son:

Los mecanismos de representación política necesitan ser perfeccionados y quienes la ejercen deben mejorar su gestión, para superar el creciente desprestigio de los políticos y la desconfianza en esta representación. Ejemplo de ello es el cuestionamiento que se hace en Chile al sistema binominal y en Argentina a las llamadas “listas sábanas” o a los “candidatos testimoniales” en las elecciones de parlamentarios.
Es necesario apelar con más frecuencia a la voluntad popular a través de las instituciones de democracia semidirecta – como la consulta o la iniciativa popular -, especialmente en temas sensibles a la población como es el del matrimonio de personas del mismo sexo, recientemente aprobado por ley en Argentina.
Los órganos de control necesitan ser mejorados en su eficacia.
La necesidad de hacer más inclusiva a la educación pública y ampliar el tiempo de permanencia de los alumnos en las escuelas, es una de las necesidades que debe cubrir el Estado, al mismo tiempo que debe dar prioridad a la educación en valores, morales y religiosos, complementando la que se da dentro de la familia, y crear una oferta educativa que sirva para capacitar a las nuevas generaciones en los desafíos laborales que se les presentan. La educación política no ha sido adecuada, al menos para las necesidades de los ciudadanos y la formación de dirigentes políticos en la Argentina.
El Estado tiene serias dificultades para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Ni la existencia de barrios cerrados en la ciudades, ni la proliferación de las agencias de seguridad privadas, ni los consejos de vecinos, ni las disputas entre garantistas y quienes quieren hacer más severas las penas a los delincuentes han servido para solucionar este grave problema.
Las organizaciones delictivas, sean ellas terroristas, guerrillas, cárteles del narcotráfico, las que se ocupan de la trata de personas y del tráfico de armas, las maras o pandillas centroamericanas, se han convertido en problemas muy difíciles de resolver por los Estados, que no los pueden combatir por los métodos tradicionales y sin la cooperación internacional.
Los controles y las regulaciones de los Estados a las finanzas y la economía dejan mucho que desear y estas falencias son, muchas veces, la causa de las crisis que se generan, como la hipotecaria de 2008. Las fórmulas estatistas o privatistas han fracasado en lograr esos controles y regulaciones.
Las diferencias entre los que tienen mayores y menores ingresos se ha acrecentado significativamente al ritmo del mayor crecimiento de las economías.
La falta de equidad tributaria se expresa en el uso de impuestos de fácil recaudación (al cheque, las retenciones a las exportaciones, al valor agregado en Argentina) en desmedro de los más justos y equitativos pero de más difícil administración (como el impuesto a las ganancias o a los bienes personales), y en la acumulación de mayores recursos fiscales por parte del Estado federal o central en desmedro de los que les corresponden a los estados federados o provincias, municipios, alcaldías, departamentos, regiones u otros entes descentralizados.
El lavado de dinero, la fuga de capitales, la economía en negro, el endeudamiento de los órganos del Estado, eldefault y la inflación son prácticas difíciles de revertir por parte de los gobiernos y atentan contra la buena marcha de la economía.
Lapobreza, la indigencia, la desnutrición y las migraciones que se producen como consecuencia de ellas, no son fáciles de superar. Como consecuencia de ello se han instalado asentamientos, en las grandes ciudades, llamados villas miserias – en Argentina -, o campamentos o poblaciones callampas en Chile, favelas en Brasil; y se han multiplicado las personas o familias que se encuentran “en situación de calle” y que viven en plazas y lugares públicos.
Eldesempleo y la inestabilidad laboral ha aumentado en los últimos tiempos con motivo de las nuevas tecnologías de producción, que requiere menos mano de obra y mejor preparación. Esta realidad se observa en todos los niveles de la oferta laboral.
Elenvejecimiento de la población y las dificultades para financiar y mantener en montos dignos las jubilaciones y pensiones de las personas de la tercera edad, es otro de los desafíos que enfrentan los Estados modernos.
Los altos costos que demanda elsistema de salud y la necesidad que el mismo esté al alcance de toda la población es otro de los problemas a atender.
La proliferación deljuego, con importantes recaudaciones a favor de los que lo promueven y administran y para el Estado que lo permite, en versiones muy simplificadas – como es el caso de los slots -, atenta contra los buenos hábitos de las personas y la economía de muchas familias.
La necesidad de contar con los medios para atender y reparar los daños que causan lascatástrofes naturales o las fallas tecnológicas, como el tsunami de Indonesia (2004), el huracán Katrina en las costas de Louisiana (2005), los terremotos de Haití y Chile, el derrame de petróleo en el golfo de México, el derrumbe de las montañas de Oaxaca en México y la situación de los 33 mineros atrapados en la mina de Copiapó en Chile (2010), obligan a los Estados a estar prevenidos, a ser eficaces y a contar con una pronta cooperación internacional.
La dificultad de compatibilizar lasregulaciones internas y externas de los Estados y hacer efectivo su cumplimiento es una de las dificultades que encuentran los Estados dentro de de este mundo globalizado.
Los sistemas democráticos, caracterizados por la alta litigiosidad, requieren unaorganización de justicia capaz de procesar eficazmente los conflictos que la generan – lo que no es fácil de alcanzar-, y de un eficaz sistema de control de constitucionalidad capaz de orientar a las conductas hacia los altos principios de libertad y justicia que proclaman las Constituciones.
Lalibertad religiosa, que los ciudadanos y las distintas confesiones religiosas ejercitan dentro de una sociedad política presidida por un Estado laico – aunque no desentendido de la fe de sus ciudadanos – necesita ser estimulada para que los fieles puedan realizarse como personas y las distintas tradiciones y confesiones religiosas puedan ejercer libremente sus cultos, sin que haya conflictos entre ellos.
La necesidad de proteger losrecursos naturales y evitar la contaminación son un compromiso de los estados con las generaciones actuales y futuras. El cambio climático, el calentamiento global, la necesidad de preservar los glaciares, evitar la deforestación y anticiparse a las crisis energéticas, son desafíos que se deben asumir.
Hay que detener lacarrera armamentista y acelerar el desarme, especialmente de armas nucleares.
Elterrorismo es una amenaza permanente, los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) en Buenos Aires son un ejemplo de ello. Pero las innovaciones que se hicieron para combatirlo, como las “guerras preventivas”, la invasión a Irak por motivos que luego resultaron falsos, la creación de cárceles internacionales como la de Guantánamo y la autorización de torturar en los interrogatorios y el Acta Patriótica sancionada por el Congreso de EEUU, no debieron ser los medios adecuados para combatirlo.
Hay que despertar mayor confianza en losprocesos de integración y en los organismos a los que se les han delegado facultades. La elección, el año próximo, del Parlamento del Mercosur es un buen signo para ello.

Reflexión final

La descripción y enumeración de fortalezas y debilidades que nos muestran los Estados en estos nuevos tiempos, los desvíos que se avizoran, y las exigencias de la globalización, nos obligan a estudiar las formas, los métodos y los posibles modos de superación de los problemas que los motivan, que no son otros que la necesidad de los hombres y mujeres de nuestra época de poder realizar su plan de vida, dentro de una sociedad más solidaria, más fraternal y más amistosa.

El rol del Estado de hoy lo obliga a reafirmar su condición de instrumento activo de la sociedad política fraterna, y de las sociedades intermedias y personas que lo integran, para alcanzar el bien común. Necesita estar organizado democráticamente, con un gobierno republicano, protector de los derechos humanos y del ambiente, integrado por personal idóneo y asistido por la mejor tecnología.

La cooperación internacional y los procesos de integración le son indispensables, no sólo para conseguir una convivencia pacífica, un mejor intercambio de bienes y servicios y lograr los “8 objetivos del desarrollo del milenio”, sino también para el cumplimiento de muchos de sus propósitos que los Estados no puede alcanzar solos, en este tránsito necesario, urgido por la globalización, hacia una sociedad política y autoridad mundial.

Como se dijo en Gaudium et spes: ”La autoridad política debe garantizar la vida ordenada y recta de la comunidad, sin suplantar la libre actividad de las personas y de los grupos, sino disciplinándola y orientándola hacia la realización del bien común, respetando y tutelando la independencia de los sujetos individuales y sociales” [9].

Santiago de Chile, octubre de 2010

* Ponencia presentada en el Coloquio “Renovación del pensamiento social cristiano – La política en el siglo XXI”, Universidad Miguel de Cervantes, Santiago de Chile, 9 de octubre de 2010.

** Es profesor de Derecho Constitucional de las Universidades Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica de Córdoba, fue diputado de la Nación y es académico correspondiente de la Academia de Ciencias Morales y Política de Buenos Aires, Argentina.

[1] El Hombre y el Estado, Buenos Aires, Editorial Guillermo Kraft Ltda., 1952, pp. 213 y ss.

[2] Obra citada, p 23.

[3] Obra citada, p 26.

[4] La Persona Humana y el Bien Común, Buenos Aires, Club de Lectores, 1981, p. 59 .

[5] Obra citada, página 64.

[6] El Hombre y el Estado, obra citada, p. 225.

[7] “Mutaciones regresivas en el ejercicio de la forma Republicana de gobierno”. Revista “Debates de Actualidad” de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Año XXV, Nº 202, enero-junio de 2010, p. 17.

[8] “Corriere Della Sera”, 5 de enero de 2009.

[9] Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, Pontificio Consejo Justicia y Paz, Conferencia Episcopal Argentina, 2005, p. 251.