LA DEMOCRACIA EN ARGENTINA
Dr. Ricardo del Barco, PhD, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina,
Resumen. Ausencia, continuidades y rupturas. Me propongo en este artículo reseñar la evolución de la cuestión democrática en Argentina, desde 1853 hasta nuestros días. Palabras clave: democracia, Argentina, derechos humanos, gobernantes
QUE ENTIENDO POR DEMOCRACIA En primer lugar señalo frente a la ambigüedad del término democracia, que entiendo por tal y así defino la democracia como el gobierno del pueblo, esto significa que el mismo elige sus gobernantes. Y esto es correcto, porque, el termino democracia significa un sistema de reglas acerca de la elección de los gobernantes por parte del demos. Esto es parte de la democracia, pero no es “la democracia”. Pues existen otras dimensiones que son constitutivas de la misma y cuya omisión genera graves consecuencias. Me refiero a la relación entre el demos y los gobernantes, la significación del principio mayoritario, el rol de la minoría, el sentido del pluralismo, el respeto de los derechos humanos y el conjunto de creencia básicas compartidas. Los gobernantes en tanto en cuanto son los vicarios de la multitud pueblo, no pueden actuar como dueños del poder, cuya titularidad inmediata reside en el pueblo. Por tanto deben comportarse como el administrador fiel, eficaz y prudente de lo que le ha sido confiado. Me parece muy apropiado recordar aquí las precisiones que hace Jacques Maritain, sobre el concepto que estamos tratando y así nos dice. “Quisiera hacer algunas observaciones relativas a los dos casos típicos diferentes: el del estado democrático, donde la libertad, la ley y la dignidad humana son los dogmas fundamentales y la racionalización de la vida política se persigue dentro de la perspectiva de las normas y los valores morales, y el del estado totalitario, en donde sólo se toman en consideración el poder y una determinada tarea a cumplir por el todo, y en el que la racionalización de la vida política se persigue dentro de la perspectiva de los valores y normas meramente artísticos o técnicos. Consideremos primero el caso del estado democrático. En él, la fiscalización del estado por parte del pueblo, incluso aunque el estado trate de eludirla, se halla inscrita en los principios y armazón constitucional del cuerpo político. El pueblo dispone de medios regulares, estatuidos por la ley, para ejercer su vigilancia. Elige periódicamente a sus representantes y, directa o indirectamente, a sus funcionarios administrativos. No solamente el pueblo destituirá a éstos de sus cargos en los comicios siguientes a su elección, si desaprueba su gestión, sino que a través de las asambleas de sus representantes fiscaliza, supervisa y presiona a su gobierno durante el tiempo en que éste ejerce el poder.” [1] En segundo lugar, me refiero al lugar y sentido del principio mayoritario: Este es una de las reglas más frecuentemente utilizadas para decidir y esta es la primera significación. La segunda significación es la concepción de expresión de la soberanía popular, que a su vez es infalible. Esta mayoría que decide no es infalible como lo señalara Rousseau, quien introdujo un principio letal para la democracia. La infalibilidad de cuño Rousoniano, está en la base de las mayores tragedias de las democracias contemporáneas. Porque si la mayoría no se equivoca, significa que la minoría está en el error, y carece de sentido su rol. Si por el contrario se acepta la regla mayoritaria como principio de decisión que puede legítimamente imprimir al cuerpo político una orientación determinada -pero esa decisión fruto de la mayoría-, puede ser cambiada, cuando varíe la mayoría y esta `pase a ser minoría. En una auténtica democracia, mayorías y minorías son siempre circunstanciales. La mayoría de hoy es potencialmente la minoría del mañana, y la minoría de hoy es potencialmente la mayoría de mañana. También debe aclararse que el principio mayoritario no se aplica a todas las cuestiones. Hay un núcleo básico que no puede ser decidido por mayoría o minoría. Es este núcleo lo que constituye la base común sobre la cual se edifica la vida democrática y sobre la que reposan todas las diferencias que ostentan las personas y los grupos. Este núcleo está constituido por la dignidad fundamental de la persona y sus derechos, comenzando por la inviolabilidad de la vida. Utilizando un claro ejemplo, digo, que por más que hubiere una decisión franca y claramente mayoritaria que sostuviere la desigualdad de la mujer o de las personas de color o de los minusválidos o de los indigentes. Esa decisión sería antidemocrática, porque aunque surgiere de una votación mayoritaria, vulnera el núcleo básico sobre el cual reposa el sistema mismo. En tercer lugar y analizando el rol de la minoría señalo un acierto y un error; es acertado el criterio de que sin el respeto a las minorías no hay democracia, pero es un desacierto la ponderación exacerbada de los roles minoritarios que llevan a la sociedad y al estado a constituirse sobre un acuerdo inestable e ineficaz de parcialidades con grave riesgo de la gobernabilidad del sistema y del debilitamiento del ejercicio de la autoridad como garante y promotora del bien común. En cuarto lugar, me refiero al tema del pluralismo, entendido éste como ausencia de una versión de la sociedad dogmáticamente definida por un grupo o por una persona e impuesta coercitivamente desde el vértice superior del estado. Significa también el pluralismo, la existencia de una diversidad de grupos y de sociedades intermedias, estilos de vida distintos, tradiciones diversas que imposibilitan la unanimidad y la uniformidad. Pero este pluralismo de personas, de intereses y de formas de estructuración social no significa una reivindicación sin más del relativismo, ni exime a la sociedad de encontrar elementos de unidad con respeto a la diversidad. Como tengo dicho, la democracia supone un de núcleo fundamental sobre el cual reposa la convivencia, la fe cívica al decir de Maritain. En la sociedad de tiempos que ya no existen, existía una unidad de creencias, por ejemplo durante la cristiandad medieval. Todos pertenecían a esa fe común, desde el príncipe hasta el más humilde servidor. Pero en la sociedad moderna asistimos a una realidad plural, pluralidad que se caracteriza por creencias 472 distintas, y estilos de vida distintos, frente a esa realidad caracterizada por la fragmentación se plantea la necesidad algunos elementos unitivos. Maritain la denomina la fe secular, nuestro autor al preguntarse sobre: “¿Cuál será el contenido de la carta moral, el código de la moralidad social y política a que me estoy refiriendo, y cuya validez está implícita en el cuerpo fundamentad de una sociedad de hombres libres? Tal carta se referiría, por ejemplo, a los puntos siguientes; derechos y libertades de la persona humana; derechos y libertades política: derechos y libertades sociales y sus correspondientes responsabilidades, derechos y deberes de las personas que forman parte de una sociedad familiar y libertades y obligaciones de esta con respecto al cuerpo político, derechos y deberes mutuos entre los grupos y el estado; gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, funciones de la autoridad en una democracia política y social, obligaciones morales –que obligan en conciencia– con respecto a las leyes justas, así como a la Constitución que garantiza las libertades del pueblo, exclusión de la posibilidad de recurrir a los golpes de estado en una sociedad que es realmente libre y que se halla regida por leyes cuyo cambio y evolución dependen de la mayoría popular, igualdad humana, justicia entre las personas y el cuerpo político, justicia entre el cuerpo político y las personas; amistad cívica e ideal de fraternidad, libertad religiosa, tolerancia recíproca y mutuo respeto entre las diversas comunidades espirituales y escuelas de pensamiento; convicción cívica y amor a la patria; reverencia hacia su historia y herencia, comprensión para las diversas tradiciones que se amalgamaron al crear su unidad; obligaciones de cada persona respecto del bien común del cuerpo político y deberes de cada nación hacia el bien general de la sociedad civilizada, así como la necesidad de adquirir conciencia de la unidad del mundo y de la existencia real de una comunidad de pueblos sobre el planeta.” [2] LA AUSENCIA (1853-1912) La democracia en argentina, ha transcurrido a lo largo de los 164 años que van desde la Constitución de 1853 hasta el presente en una línea que se caracteriza por ausencias, continuidades y rupturas. Me refiero aquí a lo primero. Entre la sanción de la Constitución de 1853 y el comienzo de la presidencia de Julio Argentino Roca 1880, diré que la cuestión democrática no está presente. El régimen constitucional se define como una república representativa La cuestión política se elabora y formula en clave republicana, entendiendo por tal el sistema de gobierno limitado, que se opone a la concentración despótica del poder. El gran objetivo era superar el pasado Rosista y establecer un gobierno con un Presidencialismo fuerte, pero limitado, en primer lugar por la imposibilidad de reelección inmediata, y en segundo lugar por el rol del legislativo como contralor y una justicia independiente. Digo ausencia para referirme a un tiempo en el que la palabra y la idea de democracia no estuvieron presentes. Establezco como tal el periodo que va de la Constitución hasta la reforma política de 1912. La primera etapa la denomino republicana, al calor del texto constitucional, el estado argentino busca estructurarse como una república, es decir como poder limitado, que garantiza a los habitantes una amplitud de derechos civiles, al mismo tiempo que limita el ejercicio de los derechos políticos a un reducido grupo de ciudadanos. Advierto en este periodo dos momentos, el que llamo aristocrático, entendido como gobierno de los mejores y el momento que llamo oligárquico en el cual los pocos más ricos tienden a gobernar en su beneficio. En el periodo de 1880 a 1912, la republica aristocrática, tiende a convertirse en oligárquica. Es allí donde comienza a gestarse la impugnación a la clase gobernante, por diversos motivos. La expresión de José Manuel Estrada en su discurso de despedida a los alumnos de la Facultad de Derecho, dice textualmente: “gobernantes provenientes de las oligarquías descompuestas no serán mis jueces” En la revolución del 90 contra el gobierno de Miguel Juárez Celman ,aparecen los reclamos frente a un gobierno de poder concentrado, que pierde el sentido republicano y una voluntad popular que se expresa a través de la impugnación de tinte revolucionario, que se organiza en naciente fuerzas políticas partidarias que reclaman la apertura del sistema político. La cuestión democrática comienza a plantearse en términos de reforma electoral, cuyo primer resultado fue la adopción del sistema circunscripcional de 1902 y luego el debato y la sanción de la Ley Sáenz Peña. Todo ello culmina en la Reforma de 1912, que tiene a los reformadores del antiguo régimen y los nacientes impugnadores de la mano de la UCR, como sus autores. CONTINUIDADES Y RUPTURAS Entre La reforma política (1912 y 1930) digo de continuidad; desde la revolución septembrina de 1930 y 1983, hablo de rupturas, y continuidades interrumpidas por nuevas rupturas, la de 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. En este periodo, se encuentra además de los golpes militares, los periodos de lo que llamo democracia tutelada, entendiendo por tal procesos que se inician con elecciones populares, pero en los hay distorsiones de la voluntad popular, tales como el fraude, el veto de candidaturas y la proscripción política. Además del rol tutelar que se auto asigna el poder militar, sobre los gobiernos electos. Al propio tiempo que se indicaba una amenaza interna, “el anarquismo revolucionario”. Y el “maximalismo bolchevique” en los treinta, el “comunismo” en los cuarenta y los cincuenta, el” castro comunismo” “la guerra revolucionaria” de los setenta. La aludida amenaza era otro poderoso justificativo para quebrar las reglas democráticas. LAS CONTINUIDADES Las continuidades democráticas. Estas estuvieron siempre marcadas por una elección y clausuradas por un golpe militar, salvo el periodo 1916-1928. En cada una de ellas hubo un desapego parcial de las reglas democráticas. En el periodo radical (1916- 1930) por la crítica de los opositores que acusaron al gobierno de demagógico y antirrepublicano. En el periodo “conservador” (1932-1943), por la práctica de la proscripción y el fraude. En el periodo peronista (1946-1955) por el intento del gobierno de desconocer o limitar las libertades públicas y de la oposición a no reconocer el origen democrático del gobierno. En los periodos de los gobiernos de Arturo Frondizi (1958-62) y Arturo Illia (1963-66), por la proscripción del peronismo. Y en el periodo justicialista (1973-76) por la práctica de la violencia política desde sectores vinculados al gobierno y parte de la oposición revolucionaria. En el primer periodo democrático (1912 -1930) que se inaugura con la reforma electoral que establece el sistema secreto universal y obligatorio y bajo el cual se celebraran tres elecciones presidenciales 1916 (Yrigoyen) 1922 (Alvear) y 1928 (Yrigoyen), y se clausura abruptamente con el golpe militar de 1930. En este periodo encontramos la primera gran discusión ideológica< acerca de la democracia como fórmula política. Dos tradiciones o familias ideológicas se enfrentan, los nacionalistas y los liberales. Utilizo intencionalmente el plural porque bajo la denominación nacionalista encontramos distintas vertientes y similar con el liberalismo. Una de las versiones más significativas del nacionalismo es la que denominaremos católica que rechaza la democracia, a la que califica como un resultado del liberalismo anticristiano. Allí encontramos una dimensión de la polémica que enfrente a otra tradición del mismo origen, y que podríamos denominar el liberalismo cristiano. En esta polémica encontramos lo que denominamos la oposición a un estilo democrático de tradición popular que se opone desde un aristocratismo decadente al Irigoyenismo. Es curioso advertir que estas críticas no vienen solo de los sectores políticos partidarios opuestos, que genéricamente llamaríamos conservadores, sino de aquellos de su propio partido. En efecto el llamado antipersonalismo, representara una de las críticas más feroces a Irigoyen .Destaco dentro de ellas la del senador Benjamín Villafañe, que fuera gobernador de Jujuy y senador nacional, quien además de sus intervenciones parlamentaras, destino varios libros a expresarse sobre el tema, su Chusmocracia, revela más allá de la crítica antes citada una visión negativa de la democracia, formulada desde una suerte de reivindicación del gobierno de las mejores que la democracia impediría. Así Villafañe sostenía en una de sus intervenciones en el Senado de la Nación, que “[…] El Senado provocaba risa dolorosa: radicales y conservadores rivalizaban en la tarea de sondear los pensamientos del Dictador y someterse a sus mandatos. Les venían de molde, a estos padres conscriptos, con las salvedades de toda excepción, las palabras con que Tácito pintaba la efigie de los Senadores de Calígula y Claudio: hombres nacidos para la servidumbre”. Cuando alude a los “hombres chatos”, Villafañe aclara: “En las naciones, los hombres microscópicos son los que descomponen el organismo social, como los microbios de la lepra o de la avariosis destruyen los tejidos del cuerpo humano. Nada más digno de lástima que el hombre desubicado del sitio que le señaló el destino. El hombre sin evolución, sin la herencia intelectual que florece en los sentimientos que se llaman honor, dignidad, decencia, que se traducen en escrúpulos para todo lo malo y señalan el camino del deber y del heroísmo, del bien por el bien mismo, el pobre diablo elevado por el favor de los dictadores o tiranos, o los caprichos de la fortuna, a posiciones encumbradas en la sociedad, es la simiente de la tragedia, cuando no personaje de la más triste comedia. El fruto del conventillo convertido sin méritos en personaje, lleva a la sala, a la política, a la prensa, a donde va, el alma del bajo fondo. El cuello largo, el talle erguido, el gesto severo, no sirve más que para denunciar de lejos y hacer resaltar al criado vestido de frac, introducido de contrabando entre las gentes decentes”. [3] Las citas mencionadas reflejan con crudeza el desprecio de «la democracia plebeya» que en el lenguaje de Villafañe ha encumbrado a la resaca social. Me pregunto si además de la crítica a la democracia, hay una crítica a los partidos políticos. La respuesta es afirmativa y en esto no hay demasiadas novedades ya que la crítica al sistema democrático en la evolución de las ideas argentinas, estuvo siempre vinculada a la crítica de los partidos políticos. Por ello Villafañe comienza alabando a la reforma de Sáenz peña, para terminar criticando sus resultados, que habrían posibilitado que la plebe inculta accedería al gobierno. Y en una serie de escritos posteriores al golpe militar del 6 de setiembre de 1930, seguirá reivindicando una idea corporativa que reemplaza al sistema de partidos que reputa decadente. Todo ello con la mirada elogiosa hacia la “espada salvadora”, la misma que elogiara Leopoldo Lugones en su famoso discurso celebratorio de la batalla de Ayacucho. En diciembre de 1924, Lugones encuentra un nuevo escenario para exponer sus controvertidas ideas políticas en su viaja a Lima con la delegación argentina que preside el ministro de Guerra, Agustín P. Justo, y el 17 de diciembre pronuncia en “La fiesta de los poetas” su famoso “Discurso de Ayacucho”. “Allí vuelve a intentar extender su consagración literaria al campo político, pues convocado como el poeta portador de un bello decir, aprovecha su autoridad literaria y la gran audibilidad que le confiere ese espacio para proponer una interpretación del pasado que busca desprender efectos concretos sobre las prácticas políticas del presente. La batalla conmemorada, según Lugones, no es un mero símbolo de la independencia hispanoamericana, como estaría dispuesta a aceptar la historiografía oficial, sino más bien la prueba de la capacidad política del ejército, Allí vuelve der efectos concretos sobre las prácticas políticas del presente. La batalla conmemorada, según Lugones, no es un mero símbolo de la independencia hispanoamericana, como estaría dispuesta a aceptar la historiografía oficial, sino más bien la prueba de la capacidad política del ejército, esto es, de que éste constituye el único actor social apto para corregir el desorden y la demagogia que padecen en la actualidad las sociedades de Hispanoamérica como consecuencia de la democracia, el colectivismo y el pacifismo. El ejército es la última aristocracia, vale decir la última posibilidad de organización jerárquica que nos resta entre la disolución demagógica. Sólo la virtud militar realiza en este momento histórico la vida superior que es belleza, esperanza y fuerza”. [4] “El único remedio está en acabar con la política. Adoptar un decenio de vacaciones políticas. […] Ha sonado otra vez para bien del mundo, la hora de la espada. […] (esta) hará el orden necesario, implantará la jerarquía indispensable que la democracia ha malogrado hasta hoy, fatalmente derivada […] hacia la demagogia o el socialismo. Pacifismo, colectivismo, democracia, son sinónimos de la misma vacante que el destino ofrece al jefe predestinado; es decir, al hombre que manda por su derecho de mejor, con o sin ley […]. El sistema constitucional del siglo XX está caduco. El ejército es la última aristocracia; vale decir, la última posibilidad de organización jerárquica que nos resta entre la disolución demagógica. […] El Estado nada tiene que ver con la libertad. Su objeto es el orden.”. [5] Es interesante detenerse en el planteo de Lugones, pues su influencia fue notable en las décadas posteriores, aunque no siempre es citado ni recordado como tal. La caducidad del sistema constitucional según el poeta devenido en ideólogo político, mostraba que solo una aristocracia podía fijar el rumbo del estado, y esta era, “el ejército como última aristocracia. Allí se encontraba el reaseguro frente a la democracia manejada por la plebe inculta, autora de toda clase de desbordes. Es real que no fue Lugones la única expresión de esta crítica a la democracia, pues como tenemos dicho una tradición nacionalista de compleja composición sembró desde esa época y reapareció en sucesivas golpes militares, lo que llamare el antidemocratismo militante. No había ni ocultamiento ni vergüenza en formular el rechazo al sistema democrático. Entre muchos otros. Entre muchos otros, podemos citar a Ernesto Carulla, Ernesto Palacio, Rodolfo y Julio Irazusta. Un interesante trabajo de Eduardo Toniolli nos presenta una detallada exposición de estos planteos. Así sostiene que” […] Progresivamente, la Ley Sáenz Peña comenzará a ser el mecanismo institucional receptor de todas las críticas, en tanto habilitante del ascenso al poder del viejo caudillo radical. Algunos, como Rodolfo Irazusta, frente a la evidencia de que las decisiones adoptada por el demos contradecían las premisas del buen gobierno, llegarán a mirar con nostalgia las prácticas institucionales del régimen conservador – prácticas propias de un época en el que “el sufragio era sólo una simulación” y “no había peligro”, caracterizando como “nefasta” a la Ley Sáenz Peña, y coincidiendo eventualmente con la alarma de Leopoldo Melo – radical antipersonalista – frente a la “emboscada del cuarto oscuro” y sus consecuencias. La traducción práctica de esta alarma se plasmará en propuestas restrictivas del sufragio universal. De esta manera, Ernesto Palacio planteará la necesidad de plasmar en una ley reglamentaria las disposiciones – limitativas y excluyentes dirá – del artículo 25 de la Constitución de 1853, que “muestran como la amplitud de los derechos concedidos al inmigrante exige, como condición previa, el reconocimiento de su dignidad”, imponiendo mecanismos selectivos a la hora de otorgar carta de ciudadanía a los extranjeros, y con ella el derecho al voto. Asimismo pugnará por una organización jerárquica del sufragio, que a la manera de Esparta, otorgue mayor amplitud de derechos a quienes puedan invocar mayores servicios brindados a la comunidad. De esta manera, Palacio discutirá la validez del concepto de ciudadanía nacido con la Declaración de los Derechos del Hombre: “En vez de atender a las desigualdades naturales y atribuir a cada uno los derechos correspondientes a sus méritos, en vista del mayor bien de la comunidad, decidió, por el contrario, que no había merecimiento más grande que el de pertenecer al género humano, y que para ese ser maravilloso que era el Hombre (cuya inicial cambió, por supuesto, en mayúscula) todos los derechos resultaban escasos […] La ciudadanía contemporánea, fundada en el simple hecho del nacimiento, hubiera espantado a un filósofo de la antigüedad.”, “Es ya una mancha de nuestro tiempo el hecho de que la mujer haya ingresado a la fábrica, consumiendo allí, en trabajos impropios las energías que le fueron conferidas con mejores fines. Sólo faltaba contaminarlas hacia el comicio demagógico para sacarlas del todo del hogar”. Ahora bien, si – como hemos señalado – aquellos planteos doctrinarios primarios irán definiendo con mayor claridad sus alcances en el plano de la política práctica mediante propuestas de restricción de la ciudadanía, la definición del enemigo a vencer culminará perfilando contornos precisos del carácter de aquel nacionalismo. La figura de Hipólito Yrigoyen, encarnación del democratismo extremo, concitará las diatribas más encendidas y las críticas más agudas, todas ellas aderezadas con un clasismo evidente y virulento. De esta manera el repudio a la intervención directa del “populacho” en el gobierno, se transformará en rechazo clasista frente el ascenso de las masas al escenario político, movilizadas no por el PS – al decir de Rodolfo Irazusta, “el viejo partido de las reivindicaciones físicas” – si no por un Yrigoyenismo más impreciso en sus definiciones, pero más efectivo para encauzar el “sentimiento socialista”, despojándolo “de esa frialdad ideológica inhumana que lo caracteriza en su estado original y que debe a su origen judío y a su crianza protestante.”. En este sentido, resultarán habituales las referencias despectivas en torno a la “calidad” o la preparación de los diputados que obtuvieron sus escaños a través de las listas Yrigoyenistas, calificados sucesivamente como “individuos que hasta ayer realizaban menesteres modestos de solemnidad”, “diputados con hambre atrasada” o “rematadores, triperos y almaceneros”. [6] LAS RUPTURAS Las interrupciones producidas por el poder militar a la institucionalidad democrática, fueron seis en total, 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. En todas se repitió el formato de comenzar con un golpe, culminar con una llamado a elecciones, de la cuales surgió un gobierno al que potencialmente le esperaba un nuevo golpe. En cada uno de ellos estuvieron presentes dos tradiciones encontradas, la nacionalista y la liberal. La primera planteaba un cambio de régimen de naturaleza corporativa en el cual los partidos no estaban presente o era reducidos a un papel secundario. La segunda buscaba una salida electoral mediante la cual se instalara un gobierno que en el discurso debería ser republicano, pero del cual estarían excluidos los partidos y o grupos peronista asumió un 4 de 481 junio de 1946, día y mes en el que se había producido el golpe militar .definidos como antidemocráticos. En el treinta se buscaba desde esta tradición excluir a los radicales, en el 55 ,62, 73 a los justicialistas. Cada golpe buscaba una continuidad a través del proceso eleccionario y ello solo se logró una vez ,en el golpe del 43,en el cual el gobierno surgido de la elección de 1946,se sintió heredera del pronunciamiento militar. Simbólicamente el nuevo gobierno peronista asumió un 4 de junio de 1946. En todos los casos las Fuerzas Armadas, aparecen como los “árbitros del juego político” que expulsan a los infractores de las reglas de juego. Teóricamente estas están contenidas en la Constitución Nacional, de la cual se apartan para “preservarla”. Esa “ultima aristocracia” en el lenguaje Lugoniano, se percibía como tal y siempre estaba potencialmente dispuesta a “terminar con la demagogia” en el golpe setiembre, “a acabar con el fraude, la venalidad y al corrupción”, según el mensaje del General Rawson del 4 de junio de 1943, a “terminar con la dictadura” en el golpe de los libertadores del 16 de septiembre del 55, a “evitar el regreso del peronismo” en el derrocamiento de Frondizi del 28 de marzo de 1962. En el golpe del 28 de junio de 1966, el manifiesto de los golpistas señala que “su auténtico fin es salvar a la República y encauzarla definitivamente por el camino de su grandeza”. Y en el golpe del 24 de marzo de 1976 señalaban como finalidad “erradicar la subversión y promover el desarrollo económico de la vida nacional basado en el equilibrio y participación responsable de los distintos sectores a fin de asegurar la posterior instauración de una democracia, republicana, representativa y federal, adecuada a la realidad y exigencias de solución y progreso del Pueblo Argentino”. En todos los casos se advierte la invocación a la Republica, a veces a la democracia, que serán instaladas una vez que fueran erradicados los factores que contribuyen a su desvirtuarían. Me parece importante advertir que todos estos procesos estuvieron precedidos por una lucha política en la que el gobierno y la oposición, a veces ambos, otras uno de los dos, revelaba un escaso compromiso con las reglas democráticas, manifestado por la proscripción, el fraude y o la intolerancia. También es perceptible que la defensa de la democracia como sistema político presento un desarrollo escaso, tanto en el debate político, en los medios intelectuales y en la prensa. Por el contrario las críticas a la democracia tuvieron una presencia intensa y permanente. Intelectuales, políticos y periodistas proveen una larga lista de aquellos que veían al sistema democrático, como demagógico, débil o inoperante. Al propio tiempo escaseo la defensa teórica y en la praxis política del sistema democrático. Los procesos democráticos, vivieron siempre con la sombra de un golpe que ya había ocurrido y que siempre podía volver a suceder. Este golpe presentido era visto con temor por los gobernantes y muchas veces con expectante simpatía por los opositores políticos. En cada intervención militar reaparece la critica a los partidos políticos y la oposición entre la política de partidos y la que pretende ser una visión integradora del Estado. En el golpe de 30 y del 43, esta visión estuvo inicialmente presente. En el golpe del 55 la crítica estuvo dirigida fundamentalmente a un sistema de partido que se definió como “totalitario” y la proscripción del peronismo fue su resultado. Esta posición que denomino “anti partido” reaparece con el fuerza en el periodo del llamado Onganiato (1966-1970). Un autor ha señalado que: “El énfasis en la unidad nacional tenía su raíz en la visión del sistema de partidos como factor de disgregación y faccionalización. Por ende, cuestionan sus posibilidades de representatividad de los intereses nacionales en tanto portadores de intereses parcializados, que responden sólo a un sector social. Así, la lógica partidaria representa la colonización de las estructuras estatales por facciones, que representan intereses electorales. A su vez, el reparto partidario de los cargos dentro de las esferas del Estado relegaría la aptitud y la idoneidad de la administración. Como consecuencia, la política partidaria sería ineficiente para tomar decisiones con celeridad y racionalidad”. Es cierto también que en este periodo se introduce una novedad con respecto a intervenciones anteriores y se trata del rol de las Fuerzas Armadas. Una de las condiciones que impuso Ongania al asumir la presidencia fue que los jefes de las FF.AA. se mantuvieran apartados del poder. Con ello, mantenía cierta autonomía con respecto a los cuerpos castrenses, a la vez que los alejaba de las decisiones políticas (que podían generar faccionalización interna). Esto abrió el camino a la integración mayoritaria del primer gabinete a un conjunto heterogéneo de actores civiles. El diagnóstico gubernamental aquí esbozado nos permite apreciar que las autoridades entendían que los mecanismos de participación y representación de los actores sociales al interior del Estado debían ser trastocados, abandonado un criterio pluralista para adoptar otro corporativo. Éste último refiere al conjunto de “estructuras desde las que se ejerce oficialmente la representación de intereses ‘privados’ frente al Estado, por parte de organizaciones” (O’Donnell, 1975: 5), que se instituyen a partir de categorías “ideológicamente selectivas, no competitivas, funcionalmente diferenciadas” (Schmitter, 2007: 620) a las cuales se les concede la representación frente al Estado a cambio de aceptar ciertos controles. Esta lógica es el telón de fondo sobre el que se pensaron las reformas del periodo”. [7] En este periodo se produce una medida frontal contra los partidos políticos, se los disuelven. Dejan de existir y de esta manera se concreta el viejo ideario nacionalista, organizar la sociedad con prescindencia total de los partidos políticos. Podría señalarse también como una novedad sobre las experiencias militares anteriores la aparición de una confusa ideología llamada comunitarismo que imagina una sociedad sin partidos. Estos, de alguna manera son reemplazados por ámbitos creados desde el estado que buscan canalizar la participación más bien a escala vecinal y municipal. Ninguna de estas iniciativas llegaron a concretarse y al abrupto relevo de Ongania en 1970, se dio por concluida esta etapa y una vez la línea de que se corresponde a la tradición liberal se impuso en el gobierno militar.
LA DEMOCRACIA ADVINIENTE. DEL AUTORITARISMO A LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA En las postrimerías de la dictadura militar, podemos encontrar entre otros antecedentes, dos documentos que nos parecen valiosos. Uno de naturaleza eclesiástica y otro de naturaleza política suscripto por los partidos políticos. El primero es el documento titulado Iglesia y Comunidad Nacional de Mayo de 1981 y el segundo es el Primer Documento de la MULTIPARTIDARIA del 14 de julio de 1981. Leyendo el documento Iglesia y Comunidad Nacional, encontramos las siguientes definiciones: “Si nos atenemos al nivel directamente político, vemos que el tipo de régimen democrático no presenta un único modelo rígido y uniforme. Por lo cual, a lo ancho del mundo, diversos modelos han sido propuestos, algunos han sido ya experimentados, ninguno satisface completamente, y la búsqueda queda abierta entre las tendencias ideológicas y pragmáticas”. También nuestro pueblo se encuentra desafiado por la necesidad de encontrar un modelo adaptado a su propio genio. La experiencia histórica nos enseña que la importación de fórmulas de un país a otro no es la solución mejor para acertar políticamente. La asimilación de la experiencia de otras naciones, que es una actitud de sentido común, no puede suplantar la necesidad de un impulso creativo hacia la búsqueda de un modelo, que ha de surgir de nosotros mismos. El tipo de sociedad democrática, no obstante su flexibilidad, que le permite traducirse en una pluralidad de modelos concretos y adaptados a cada pueblo, se conserva dentro de ciertos cauces, fuera de los cuales perecería la misma democracia. Puestos ante la tarea de una reorganización de la Nación, habrá que mantener a salvo elementos que, de ser pasados por alto, podrían desnaturalizar o debilitar la estructura democrática y hasta su propio espíritu. Algunos de estos elementos han sido enunciados por la doctrina social de la Iglesia, la cual considera “perfectamente conforme con la naturaleza humana que se constituyan estructuras jurídico-políticas que ofrezcan a todos los ciudadanos, sin discriminación alguna y con perfección creciente, posibilidades efectivas de tomar parte libre y activamente en el establecimiento de los fundamentos jurídicos de la comunidad”. Ante la difícil tarea de reestablecer la democracia, señalamos algunas condiciones esenciales para que ella pueda alcanzarse en plenitud, como así también algunos requisitos particulares. Todos los ciudadanos deben sentir la responsabilidad de ser protagonistas y artífices de su propio destino como pueblo, cada uno según sus personales condición. Son ellos quienes, depositarios de la autoridad que procede de Dios, por su consentimiento dan legitimidad a un gobierno democrático. Esto implica la necesidad de evitar inhabilitaciones injustas, proscripciones arbitrarias de grupos o partidos, condicionamientos políticos de diverso tipo que distorsionen la libre expresión de los ciudadanos, a no ser que se trate de movimientos cuya ideología y prácticas sean contrarias a la naturaleza misma de la democracia, la cual debe custodiar y defender, según justicia, su propia existencia. La mayoría tiene el derecho de gobernar y decidir el rumbo político de la Nación, y la minoría o las minorías tienen el derecho de disentir con ese rumbo y proponer caminos alternativos. La mayoría debe respetar a la minoría en la libre expresión del disenso. La minoría debe respetar a la mayoría en su derecho a la conducción sin una oposición sistemática a la tarea de gobierno en bien de todo el país. Las actitudes de una y otra deben estar siempre subordinadas al bien común. La separación y el equilibrio de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que la Constitución consagra, deben tener vigencia permanente y efectiva, evitando la indebida injerencia de un poder en otro y favoreciendo el juego libre y el mutuo control entre sí. Los partidos políticos son actualmente organismos de la democracia, cuya función esencial consiste en representar en modo global las diferentes ideologías y opciones políticas de una sociedad pluralista y aplicar consecuentemente su programa, si la voluntad popular los conduce al gobierno. Aunque el sufragio es uno de los medios para cumplir esas funciones, los partidos no pueden convertirse en meras empresas electorales cuyos objetivos terminan al día siguiente del comicio. Deben ser verdaderas escuelas de educación cívica y de esclarecimiento político, y practicar una democracia interna que permita la confrontación de ideas y la renovación de los cuadros dirigentes. La oposición y el disenso deben ser constructivos. En un régimen político democrático hay adversarios, pero no enemigos. La finalidad de la oposición no es la anulación del que piensa distinto, sino la fiscalización serena y justa de la actuación de la mayoría gobernante y la propuesta de alternativas legítimas al juicio del pueblo. La democracia republicana exige la periodicidad de los mandatos públicos, la amplia publicidad de los actos de gobierno y un garantizado respeto por la libertad de expresión. La sana democracia deberá evitar estos peligros: la anarquía, o sea, la falta de un adecuado y eficiente ejercicio de la autoridad; el totalitarismo que recarga el ejercicio de la autoridad con acento excesivo y absorbe la actividad de los cuerpos intermedios y de los particulares; el abuso de poder, que distorsiona el ejercicio de la autoridad en bien propio o de grupos sectoriales; la demagogia, que es caricatura de la democracia. Sería demagogia prometer lo que no se está dispuesto a cumplir, o cualquier otra forma de ganar al pueblo con engaño. Pero no debe confundirse la demagogia con la atención y el interés serio de los gobernantes por el pueblo. Por el contrario, es obligación del gobernante preocuparse por el bienestar del pueblo que preside. No condicen con una verdadera democracia diversas formas de autoritarismo, que pueden invadir la mentalidad y la práctica política. El autoritarismo político descansa sobre un prejuicio de discriminación: sobre la falta conciencia de que solamente un grupo, o una persona por sus condiciones intelectuales o morales, estaría investido de capacidad y derecho para conducir a la Nación y, por consiguiente, de autoridad para gobernar. En su forma extrema, el autoritarismo no acepta la democracia y cae en la dictadura; pero a veces se presenta con una tentativa de adaptación a la democracia, aunque usando diversos mecanismos de marginación política. El autoritarismo suele enmascarar una forma de dominación de un solo grupo social sobre el resto de la sociedad. Es lo que rechaza la Iglesia cuando reprueba aquellas formas políticas que “desvían el ejercicio de la autoridad en la prosecución del bien común, para ponerla al servicio de un 487 grupo o de los propios gobernantes”. No puede haber democracia política verdadera y estable sin justicia social. Ello implica la convalidación y cumplimiento en la práctica de aquellos logros sociales que sean justos y legítimos, alcanzados en nuestro caso por el pueblo argentino a través de su historia, y defendidos por la propia Constitución Nacional. No hay posibilidad de progreso político o de crecimiento económico sin un paralelo desarrollo social que, según las necesidades y los valores del pueblo, vaya creando instituciones y estructuras dirigidas a constituir la sociedad con igualdad de oportunidades reales y efectivas para todos sus miembros, y a tutelar, proteger y compensar la situación de sus miembros más débiles o marginados. Un signo de una democracia con sentido cristiano debe ser la universalidad de aquella justicia, con especial atención a los más necesitados. No hay democracia posible sin una leal convergencia de aspiraciones e intereses entre todos los sectores de la vida política con miras a armonizar el bien común, el bien sectorial y el bien personal, buscando una fórmula de convivencia y desarrollo de la pluralidad dentro de la unidad de objetivos fundamentales. Esa convergencia exige, por una parte, la iniciativa privada de las personas y los grupos sociales, y por otra, una planificación y coordinación democráticas por parte el Estado, en cumplimiento de su función de administrador del bien común. No hay democracia estable sin una sana economía y una justa distribución. La libertad y los derechos inherentes a toda democracia implican la responsabilidad y el deber de entregar lo mejor de cada uno a la empresa común de construir una patria justa. La democracia en la Argentina, por su tradición, exige también un alto grado de conciencia nacional, que signifique resguardar nuestra cultura y valores tradicionales sin cerrarnos por eso a los valores universales legítimos.». [8] Como se advierte en el documento antes citado, ninguno de los temas esenciales del régimen democrático y republicano, son omitidos. Y así de destaca el legítimo rol de la mayoría para gobernar, el de las minorías para existir y disentir. El equilibrio y control reciproco de los poderes para evitar el autoritarismo. La 488 necesidad de integrar las demandas políticas de un régimen democrático con una redistribución justa de los bienes en una economía que debe privilegiar la situación de los más postergados. La predominancia del bien común sobre los intereses sectoriales y el reemplazo de la destructora categoría política del “enemigo” por el adversario político asimismo se destaca el rol esencial de los partidos políticos como instrumentos de la práctica política y escuela de formación cívica de los ciudadanos. En los años posteriores y hasta hoy este documento ha servido y sirve para un punto de encuentro entre distintas familias ideológicas y partidarias, en el debate sobre el régimen democrático. Los partidos políticos, que fueron congelados por la dictadura militar al reaparecer en la vida pública, lo harán en la llamada Multipartidaria que agrupaba al Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, la Federación Demócrata Cristiana, el Movimiento de Integración y Desarrollo y el Partido Intransigente, constituidos en la JUNTA POLITICA CONVOCANTE, manifiestan que: “La Convocatoria Nacional, si bien tiene origen en los partidos políticos, es una gestión que se despliega en toda la comunidad argentina por encima de las diferencias partidarias, religiosas, económicas, sociales y culturales. Mira al país como un todo, a través de su pueblo y procura suspender la discusión acerca de las diferencias ocasionales o permanentes, con el propósito de obtener una solución argentina que termine con nuestra decadencia y resguardar la dignidad del hombre. Por eso, la Convocatoria no se limita a los partidos políticos, que aquí sólo juegan el rol inaudible de transmisores, orientadores y ejecutores de la opinión pública, porque con ellos no se completa la movilización de la voluntad general, ya que al margen de los propósitos partidarios o más allá de ellos, existen voluntades, criterios, ideas e intereses que completan el conjunto de la voluntad y la conciencia nacional. Con esta idea, se convocará a todos los que coadyuvan de una manera u otra a la realización nacional. Habrá que procurar un cabildo abierto multiplicado por cada población de la República, que reitere, pacífica, solidaria y esperanzadamente, que el pueblo quiere saber de qué se trata y asumir el protagonismo histórico indelegable. De esta manera damos por iniciada la etapa de transición hacia la democracia, objetivo que constituye nuestra decisión intransferible e irrevocable. Lo hacemos bajo el lema del Episcopado Argentino: la reconciliación nacional”. [9] Desde algunas distintos encontramos una reinvindicación expresa de la democracia como sistema político legítimo y de los partidos como instrumentos claves de la participación ciudadana. Me parece importante destacar que la reaparición de la cuestión democrática en argentina, estuvo precedida por dos acontecimientos que han marcado a fuego nuestra historia reciente. Me refiero a los años de plomo y la derrota militar argentina en Malvinas. La primera contribuyo a devolver en el ideario intelectual argentino y en la vivencia ciudadana, el valor e importancia de la democracia como sistema político y estilo de vida .La segunda, privo a las Fuerzas Armadas del último elemento legitimante del que disponían, frente a su derrota en términos militares frente a Inglaterra. La frase de campaña del Alfonsín, luego Presidente de la Republica, de que “la democracia no solo se vota, si no que se come y se educa” expresa cabalmente un sentimiento y convicción colectiva. Es real que con los años vendrán nuevas y reaparecerán viejas decepciones, que debilitaron esa confianza, pero nunca se quebró la convicción democrática recuperada. Pienso que esta es una de las claves de interpretación por la que se puede explicar nuestra continuidad democrática, cuando en nuestro pasado en situaciones mucho menos graves como la que se vivió en el vendaval hiperinflacionario del 89 o la crisis del 2001, se buscaran resolver por la intervención del poder militar. Con un sentido provisorio me atrevo a formular algunas conclusiones, que no pretenden ser definitivas y que debieran servir para una discusión más extensa y profunda. Estas son: 1) La tradición republicana y la tradición democrática, durante mucho tiempo se mantuvieron divorciadas. En efecto la 490 tradición republicana de los primeros años del ciclo de estado argentino, no estuvo ligada a la tradición democrática. 2) La tradición democrática en su primera experiencia institucional (1912 1930), muchas veces estuvo distante de la tradición republicana. 3) El discurso democrático fue entendido de manera opuesta, durante el periodo peronista (1946-55). 4) La reivindicación democrática basada en el valor libertad, que enarbolo la llamada “Revolución Libertadora”, estuvo en contradicción con la praxis de los vencedores, que excluyeron de la vida política a los vencidos. La prohibición de la utilización de nombres y símbolos peronistas, unida a la proscripción del partido peronista en la elecciones de 1957(convencionales constituyentes) y las de 1958(presidenciales), que se repitieron durante varios comicios sucesivos, deslegitimaron el sentido democrático de nuestra vida política. 5) La proscripción sistemática de una importante parte de la ciudadanía, unida al papel tutelar que se auto asignaron las Fuerzas Armadas, contribuyo a vaciar de contenido el discurso republicano y el democrático. 6) Las interrupciones militares producidos por los golpes de 1966 y 1976, mostraron una nueva disociación en nuestra vida política. Al calor de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, que veía en todo reclamo de justicia, la “amenaza comunista”, que hacía peligrar el orden y en la lectura de los que propiciaban cambios revolucionarios en la sociedad y en el estado, que reclamaban la lucha armada en lugar de la lucha cívica, la democracia desapareció del lenguaje y de la praxis política. Para decirlo de una manera gráfica desde la “derecha, obsesionada por el orden” y desde la “izquierda revolucionaria obsesionada por el cambio de estructuras”, la democracia fue dejada de lado. En el primer caso porque impedía obtener el ansiado orden y el segundo porque impedía la transformación rápida y efectiva de una sociedad injusta. La afirmación maoísta de que” el poder nace del fusil”, inspiro la lucha 491 revolucionaria, pero también fundamento la presencia de las dictaduras militares que afirmaron como imprescindible la presencia del fusil para vencer la denominada “subversión” y restaurar el orden. 7) La sociedad tampoco lamento demasiado la desaparición de la democracia y solo al calor de los resultados siniestros que se lograron en la “década de plomo”, fue posible el redescubrimiento del valor de la institucionalidad democrática y la vigencia republicana. 8) La reinstalación de un gobierno democrático en 1983, más que “una vuelta a la democracia” fue el comienzo de una etapa casi inédita en la vida argentina, establecer una democracia con república, que deslegitima el rol tutelar del poder militar en la vida política. Todo ello al propio tiempo que coloca la lucha cívica en lugar del ejercicio de la violencia, como forma y fundamento de la obtención del poder. Colocando a los derechos humanos como piedra angular del sistema político. 9) A lo largo de estos treinta cuatro años de democracia en argentina, no es posible afirmar que los sueños de “la vuelta a la democracia” se hayan realizado de manera integral, pero es importante destacar que la crisis políticas y económicas sociales del periodo se lograron procesar dentro del sistema de reglas democrático. La crisis hiperinflacionaria de 1989, la crisis político económica del 2001 y el exasperado debate político del periodo 2003.2015, se resolvieron sin la quiebra del sistema democrático y sin la presencia de la tutela armada. 10) Tras décadas de desencuentros y la vulneración sistemática de los derechos humanos, estos se han convertido en piedra angular del debate político y el funcionamiento de una democracia republicana .La inclusión de los tratados internacionales que garantizan los derechos humanos en la reforma constitucional de 1994,no solo han contribuido a afirmar ese papel angular de los mismos en el proceso institucional, sino que han reforzado la creciente convicción de la sociedad civil, que sin su vigencia y respeto no hay republica ni democracia.
Citas [1] El hombre y el Estado. Jacques Maritain. Ed. Kraft pag. 80. [2] El hombre y el Estado. Jacques Maritain. Ed. Kraft pag. 130. [3] Benjamin Villafañe Una Pasión Política. Selección e Introducción de Emilio Villariño, Círculo de Legisladores de la Nación. [4] La figura política de Leopoldo Lugones en los años veinte Natalia Bustelo Papeles de trabajo. Revista electrónica del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín. ISSN: 1851-2577. Año 2, nº 5, Buenos Aires, junio de 2009. [5] Nº 54, Leopoldo Lugones, El payador y antología de poesía y prosa. Prólogo: Jorge Luis Borges, con la colaboración de Bettina Edelberg. Selección, notas y cronología: Guillermo Ara. Materias: Ensayo s. XX, Narrativa s. XX, Cuento s. XX, Poesía s. XX, Modernismo hispanoamericano. Páginas: XXXVII + 469. País: Argentina. [6] Con la constitución contra la demagogia: la búsqueda de un nacionalismo republicano (1928 – 1930) Eduardo Toniolli (CONICET – UNR) Lic. en Ciencia Política (UNR). Becario del Conicet. Docente de Problemática del Pensamiento Argentino y Latinoamericano II (Filosofía, UNR). [7] Estructuras corporativas estatales durante el Onganiato (1966-1970) stelo fragio Estructuras corporativas estatales durante el Onganiato (1966-1970). Publicada por politikon en agosto 9, 2016; febrero 21, 2017. Por Andreina Colombo y Philipp Edling. [8] Iglesia y Comunidad Nacional. Conferencia episcopal Argentina. [9] La multipartidaria.